En el cierre del año es usual la divulgación de los diferentes proyectos regulatorios desarrollados, y la promoción de las diferentes acciones desplegadas por el regulador en el marco de la agenda regulatoria que termina, sin embargo, al final este duro año, lo más importante es analizar las lecciones que hemos aprendido en medio de este hecho histórico para la humanidad. 

Esta pandemia nos ha retado a trabajar en condiciones extraordinarias y acelerar nuestra transformación digital para garantizar que los ciudadanos accedan sin interrupciones a servicios de comunicaciones, con mejores tarifas, facilitando el mantenimiento constante de las redes a pesar de la situación de aislamiento y al mismo tiempo trabajar en estímulos para impulsar el despliegue de infraestructura en beneficio de los usuarios.

De igual forma, implementar medidas para promover la digitalización, motivando a las empresas a priorizar la atención de sus clientes a través de canales digitales, ajustando el método de medición de calidad sin afectar las características de los servicios prestados. Proyectos que se aprobaron durante 2020 como transitorios y que hoy se encuentran en construcción para convertirse en medidas defintivas de modernización sectorial y beneficio social.  No obstante, estas medidas de flexibilización e innovación deben venir acompañadas de acciones reales de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones en mejora de calidad y protección inmediata de los derechos de sus usuarios. 

La importancia de la coordinación y colaboración interinstitucional y con la industria, fue otra de las lecciones de esta coyuntura. El ejercicio de coordinación fue fundamental durante la pandemia, por ejemplo, con las plataformas OTT y los proveedores de redes y servicios de comunicaciones en conjunto, desarrollamos un trabajo articulado para garantizar la adecuada gestión de tráfico sin afectar el acceso a contenidos por parte de los usuarios, todo ello con medidas de autorregulación.

Otro de los aprendizajes fue el diseño de medidas basado en evidencia pero de una manera rápida, la implementación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) o análisis de impacto regulatorio en tiempos de Covid-19 tuvo que adaptarse,  y todo el conocimiento acumulado de años por parte del regulador fue clave, el conocimiento del ecosistema para usar estudios sectoriales, y el informe anual de industria, así como los diferentes monitoreos constantes para construir la regulación transitoria que ha permitido la prestación continua de los servicios de comunicaciones y postales. Así mismo, diseñamos distintas estrategias que permitieron contar con información como por ejemplo el seguimiento al tráfico de Internet cada dos días, con lo cual vigilamos y monitoreamos el comportamiento del servicio para, de ser necesario, tomar medidas. 

Recurrir a los distintos estudios desarrollados en el marco de nuestra estrategia de mejora regulatoria en materia de calidad, protección de usuarios, datos disponibles en nuestra plataforma www.posdata.gov.co ha facilitado sin duda la toma de decisiones inmediatas.

Estos retos han hecho del 2020 un año de evolución para la CRC que ha iniciado un nuevo camino a una nueva etapa, la de la regulación inteligente, esa que usa analítica de datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para el diseño de medidas rápidas y eficientes. Estamos ahora en la quinta generación de la regulación y tenemos que trabajar y seguir avanzando en flexibilización, en digitalización y es por ello que, en el primer trimestre de 2021, tendremos el nuevo régimen de protección de usuarios con nuevas y mejores medidas de protección totalmente digitales en beneficio de los usuarios lo cual abrirá la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos y a la transformación digital de los sectores TIC, Postal y Audiovisual. 

La implementación del primer sandbox regulatorio en servicios de comunicaciones, del cual ya culminamos la primera etapa de capacitación e incubación de proyectos, ha sido un gran reto, el  cual seguiremos construyendo en el próximo año para llevar a cabo con éxito la primera convocatoria que nos permitirá encontrar soluciones innovadoras a los más grandes retos del sector TIC como la conectividad total y el acceso universal de los servicios no solo de internet sino de todas las comunicaciones.

Otro tema que debemos analizar es si para impulsar el sector y el mejoramiento de los servicios de comunicaciones se hace necesario continuar con el marco normativo constitucional temporal que tenemos hoy en día que denomina a las comunicaciones como servicio público esencial. Desde mi punto de vista, los servicios de comunicaciones si deben ser esenciales, pero no podemos volver al pasado, debemos diseñar medidas en línea con el modelo de inversión que hoy tenemos en Colombia que facilite seguir desplegando la infraestructura que hace falta, acelerando la remoción de barreras en las regiones y tomando decisiones positivas en pro no solo de la industria sino también de nuestros usuarios y la conectividad rural.

Recientemente hemos publicado, en el marco de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL, un documento con recomendaciones para promover flexibilidad y fomento de los proveedores comunitarios, uno de los enfoques de la Agenda Regulatoria 2021 – 2022 de la CRC para generar condiciones particulares para esos pequeños proveedores de servicios TIC. 

Para incentivar mayor apropiación tecnológica e innovación y lograr mejor conectividad, la inversión pública y los fondos de acceso universal sin duda siguen siendo indispensables, pero también el trabajo regional es trascendental, reducir las barreras normativas al despliegue de infraestructura sigue siendo un objetivo para el próximo 2021 y es aquí donde los estímulos juegan un rol importante. Durante el 2020 la CRC también aprendió que estos incentivos permiten acelerar estrategias como la acreditación de municipios gracias a lo cual ya hay cerca de 300 municipios sin barreras y otros 500 están en el proceso de acreditarse. 

Finalmente, como lo especificamos en el documento publicado sobre modernización de redes móviles, los próximos cinco años son trascendentales para el cierre definitivo de la brecha de conectividad en Colombia y lograr en tres años y medio que por lo menos el 80% de la población tenga acceso a redes de cuarta generación y por supuesto haber iniciado el 5G, será posible bajo un ambiente de regulación inteligente, que impulse la sana competencia y motive la inversión, sin duda este logro será el resultado de construir sobre lo construido, tanto en regulación como en políticas públicas en la última década.