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Proyectos regulatorios en Contenidos Audiovisuales cuentan con gran rigor técnico, son transparentes y participativos

Proyectos regulatorios en Contenidos Audiovisuales cuentan con gran rigor técnico, son transparentes y participativos
Comunicado de prensa
La Comisión de Regulación de Comunicaciones —CRC— se permite informar a la opinión pública que:
  • La CRC es la autoridad regulatoria de los sectores TIC, Postal y Audiovisual en Colombia, una entidad técnica e independiente, cuya principal función es proteger los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones y los televidentes, y maximizar su bienestar, mediante la expedición de reglas y normas para la prestación de los servicios regulados.
  • La Sesión de Contenidos Audiovisuales se creó con la Ley 1978 de 2019, que modificó la Ley 1341 de 2009, otorgando a la CRC funciones de regulación en materia de contenidos audiovisuales, específicamente, regular y vigilar los contenidos que se transmiten por la televisión y de promover el pluralismo informativo y la participación ciudadana.
  • Cumpliendo con la Política de Mejora Regulatoria de la Comisión y con las metodologías que han destacado a la CRC como autoridad regulatoria referente en el ámbito nacional e internacional, la Sesión de Contenidos Audiovisuales incluyó en las Agendas Regulatorias 2022-2023 y 2023-2024 de la CRC tres proyectos regulatorios enfocados en la revisión y posible actualización del marco normativo de la televisión, a saber:

- Actualización de medidas de participación y protección de los niños, niñas y adolescentes, que se puede consultar en el enlace https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-40-7-1

- Actualización normativa en materia de contenidos: participación ciudadana y protección y defensa del televidente, en https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-38-3-3 

- Revisión de las medidas sobre sistemas de acceso para la población con discapacidad auditiva, en www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-39-7-1

  • En procura de garantizar la rigurosidad en todos los procesos regulatorios que se  caracterizan por el sustento en evidencia, su transparencia y la generación de espacios participativos, se surtieron procedimientos diseñados de acuerdo con las recomendaciones de organizaciones como la OCDE y el DNP, contemplados en la Política de Mejora Regulatoria de la Comisión, entre ellos, la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo —AIN— que debe llevarse a cabo por etapas, iniciando con la determinación de un problema regulatorio y prosiguiendo con la formulación de alternativas (que deben incluir el hecho de que “no se evidencia la necesidad de un cambio” y se mantiene el statu quo).
  • En cada etapa del AIN se genera un documento que se publica y divulga, con el fin de contar con los comentarios y apreciaciones de todos los actores interesados, generando espacios de diálogo y discusión en determinadas fases, para garantizar la transparencia del proceso. En caso de que, tras la interacción con todos los grupos de valor y el análisis de sus potenciales impactos económicos, sociales y tecnológicos, la Entidad decida modificar la regulación existente o generar nuevas normas, se procede al desarrollo de una propuesta regulatoria. 
  • De acuerdo con lo anterior, los proyectos mencionados contemplan, desde su formulación, la interacción con todos los grupos de valor de la CRC, especialmente los actores involucrados en la televisión: operadores (canales de TV abierta y empresas de cable y satélite), ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, otras entidades del Estado y poblaciones con especial protección constitucional tales como la infancia, la adolescencia y las personas con discapacidad. 
  • Para el caso del proyecto “Actualización normativa en materia de contenidos: participación ciudadana y protección y defensa del televidente”, una vez surtidos los procesos de análisis y socialización con grupos de valor, se identificó la necesidad de profundizar en la información sobre la percepción que los televidentes tenían sobre el servicio de televisión y la información que requerían por parte de los operadores, para garantizar el rigor y evidencia que caracteriza los procesos de la CRC, por lo cual se decidió contratar a una empresa consultora para realizar una encuesta nacional sobre estos temas. Dichas encuestas se llevaron a cabo a finales de 2022.
  • Durante el primer trimestre de 2023 se analizaron los datos recopilados por la consultora, con el fin de determinar en qué temas cubiertos por este proyecto (información al televidente, defensa del televidente, respuesta quejas y reclamos y exigencias autorregulatorias) realmente se podían hallar problemas que pudieran ser solucionados mediante regulación, concluyendo que en ciertos temas no se detectaba un problema que ameritara una acción regulatoria, pues podían ser atendidos mediante campañas pedagógicas y disposición de información para consulta sectorial.
  • Por otro lado, el estudio reveló que determinados temas sí eran esenciales para garantizar la protección y participación de los televidentes, especialmente de niños, niñas y adolescentes, y que por tanto debían ser revisados para determinar si es necesario modificar las normas existentes, por lo cual, bajo un enfoque de simplificación normativa y una interacción eficiente con los actores del sector, la Sesión de Contenidos Audiovisuales decidió que dichos temas fueran revisados por otro proyecto, actualmente en ejecución, denominado “Actualización de medidas de participación y protección de los niños, niñas y adolescentes”, que pasó a denominarse “Actualización de medidas de participación y protección de los televidentes, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, priorizando el rigor y la evidencia por encima de la rapidez, muestra del compromiso de la CRC con la simplificación regulatoria, la transparencia y la participación. 
  • Finalmente, es importante resaltar que los proyectos regulatorios no necesariamente conducen a la expedición o eliminación de normas regulatorias, sino que pueden concluir que es suficiente con establecer medidas pedagógicas e informativas o que la regulación vigente es suficiente y apropiada para atender los temas indicados.