El estudio se enfocó en dos puntos: el primero tiene que ver con el rol de los Puntos de Intercambio de Internet (Internet Exchange Points -IXP), así como las condiciones de desarrollo de estos y el segundo, con la caracterización de esquemas de provisión y despliegue de redes bajo condiciones no discriminatorias y transparentes.
Para el desarrollo del análisis, la Comisión consideró las mejores prácticas internacionales de países como Argentina, Brasil, Chile, India y Nueva Zelandia en materia de IXP, y de México, Perú, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos, así como mejores prácticas identificadas por OCDE, y la Comisión Europea para el caso de redes de acceso abierto.
De acuerdo con el estudio, el análisis de mejores prácticas y de casos de estudio en materia de puntos de intercambio de tráfico – IXP, que son infraestructuras físicas donde las redes de internet y los proveedores de servicios de internet (ISP) se conectan para intercambiar tráfico de datos entre sus redes, permitió concluir que para promover el surgimiento de nuevos puntos el apoyo gubernamental es importante y necesario, principalmente en las etapas iniciales. Así mismo se identificó que la imposición de obligaciones regulatorias o de IXPs directamente gestionados y administrados por el gobierno conduce a ineficiencias en su operación e incentivos de no participación en el intercambio del tráfico por parte proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones – PRST.
Adicionalmente, se identificó que mayor flujo de información entre los actores del ecosistema de Internet conduce a condiciones de transparencia en el mercado y facilita la toma de decisiones de ISPs en relación con la oferta de servicios mayoristas de datos. Por su parte, el rol del regulador estuvo centrado en el monitoreo del mercado mayorista y, en algunos casos, la imposición de medidas ex ante en las que interviene las particularidades regionales de este mercado.
Respecto de las posibles barreas para el despliegue de más puntos de intercambio de internet en Colombia, se identificó que están asociadas al nivel de interrelación y conocimiento de los ISPs, en particular de los pequeños. En entrevistas semiestructuradas, manifestaron las siguientes problemáticas: i) no contar con instancia de interlocución y articulación con la política pública, ii) desconocimiento de los patrones de uso y tráfico de datos de los usuarios finales; iii) desconocimiento de los beneficios y aspectos técnicos y operativos del funcionamiento de un IXP. Adicionalmente, señalaron otras problemáticas en materia de conectividad y despliegue de red como son la dependencia de pocos proveedores de capacidad de transporte, calidad del servicio de la Red Nacional de Fibra Óptica en sus municipios, costos de acceso a infraestructura pasiva y condiciones de seguridad sobre redes de fibra desplegadas.
En materia de redes de acceso abierto, las mejores prácticas identificadas manifiestan la necesidad de contar con menor nivel de intervención por parte del Estado, ya sea en inversión o en regulación, privilegiando inversiones y esquemas de colaboración en el mercado. De acuerdo con estas y los casos internacionales analizados, la inversión pública el Estado debería centrarse en la provisión de redes mayoristas, logrando posicionarse como aliado y no como un competidor.
“Con el estudio publicado, la CRC caracterizó los modelos de negocio de redes abiertas, e identificó las buenas prácticas que deben implementarse en el país para permitir que múltiples proveedores de servicios compitan en igualdad de condiciones en el suministro de servicio de Internet a los usuarios a partir del acceso a la infraestructura de red como soporte. Sin duda este será un insumo que permitirá impulsar el uso de infraestructura regional o local bajo esquemas de participación pública para potenciar servicios para los ciudadanos.” Concluyó Nicolás Silva Cortés, Comisionado y Director Ejecutivo de la CRC.
